Como respuesta a la crisis económica a finales del siglo pasado, surge la ley 550 de 1999 como alternativa para evitar las liquidaciones obligatorias de las empresas colombianas; cuya finalidad es establecer un “régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial…, para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones”.